César San Martín Castro: Derecho Procesal Penal. Editorial Grijley. Lima, 2014. Tamaño: 25x18 cm. Tapa blanda con solapas. 1,412 páginas. Peso: 2,000 gr. Precio: S/.160.00
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Esta nueva reedición, a pesar del contexto en el cual se viene insertando un nuevo modelo procesal al sistema de justicia penal peruano, todavía es de vital importancia por cuanto se trata de un trabajo científico que no ha perdido vigencia y que busca afirmar y consolidar conceptos jurídicos procesales propios del Código de Procedimientos Penales de 1940. Su actualidad aún está vinculada indefectiblemente con la actividad práctica pendiente de nuestro sistema de justicia penal, ya que gran parte de la labor jurisdiccional todavía es ventilada bajo los alcances del código ya indicado y algunos artículos vigentes del Código Procesal Penal de 1991.
El estudio de
las instituciones jurídicas desarrolladas en la presente edición no solo
persigue establecer marcos teóricos, sino adquiere plena vigencia práctica,
buscando fundamentalmente ser una guía en la formación y actualización de los
operadores del Derecho. El aporte a la comunidad jurídica de un material
teórico como este, responde a un compromiso y a la labor de docencia que por
años sigo ejerciendo, con un objetivo claro, que no es otro que aportar, tanto
al debate y a su solución, argumentos que parten fundamentalmente desde los
principios y directrices de un Estado de Derecho.
Podrán
advertir –como en las anteriores ediciones– un análisis acucioso de cada tópico
desarrollado. El texto respeta un desarrollo estructural casi universal en el
desarrollo del derecho procesal penal, con sus matices propios que responde a
la idea de un manejo práctico de cada tema; pero, creo que lo más importante
siempre empieza por tener claro cuáles son las garantías que estructuran y
soportan el sistema penal. La norma, como ya es sabido, no regula toda
posibilidad de supuesto de hecho, es así que casi siempre se estará ante
vacíos, conflictos e interpretaciones de la ley frente a un caso, cuyo
abordamiento y solución es una exigencia ineludible para el operador de
justicia, al cual aportaremos siempre desde un valor fundamental: hacer
justicia.
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